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| Informe
ético |
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La mecánica se reproduce, mande quien mande en el poder
político. Se trata del encargo de informes externos, en general para devolver
favores políticos o dar de comer a políticos al que las urnas apearon de la poltrona.
Muchos de ellos se quedan con encargos por debajo de los 12.000 euros, vale la
cifra de 11.999, para evitar que deban salir a la luz pública. Es una práctica
habitual, que va desde ayuntamientos hasta gobiernos, en la que se distribuye
el dinero del contribuyente como si se tratase de un maná divino. La práctica
tuvo gran resonancia, por lo escandaloso, en la última legislatura del gobierno
socialista del presidente Felipe González, continuó con los populares bajo el
mando de José María Aznar, era práctica habitual en la Generalitat gobernada por
Jordi Pujol, durante 23 años, y ahora salpica al gobierno tripartito catalán que
dirige el socialista José Montilla. La organización Manos Limpias ha enviado a
la fiscalía una serie de pruebas según las cuales se pagaron 15.000 euros para
la elaboración de un informe externo sobre “China y la Seguridad en Asia Oriental”,
que como el ciudadano comprenderá puede ser de vital interés para el futuro de
la autonomía catalana… Pero la cosa no queda aquí. Otros de los 1.580 estudios
externos tratan desde el juego del parchís hasta el mercado discográfico mexicano.
Otros, como el relativo a validación de portafolios en medicina familiar, fueron
pagados por adelantado. Sin olvidar la cúspide del escándalo de un informe de
un folio, no se sabe sobre qué, por el que se pagó otros 11.999 euros. En total,
un coste de 32 millones de euros en el pasado ejercicio. Y hay presupuestados
otros 127 millones para el año en curso. Cuando el escándalo ha llegado al Parlament
de Catalunya, el gobierno defendió la práctica de encargar informes externos,
el principal partido de la oposición, CiU, calló prudentemente —porque en tiempos
de Jordi Pujol era práctica usual, pero no llegaba a la luz pública— y sólo el
PP y Ciutadans lanzaron las campanas al vuelo olvidando, en el caso del PP, que
también cuecen habas en otras autonomías y ayuntamientos gobernados por los populares.
El gobierno defendió, como si sirviera de consuelo, que los informes externos
sólo representan el 0,37 por ciento del presupuesto, y en tiempos de CiU era del
0,48. Cabe recordar que, en época de CiU, hubo, incluso, informes sobre la afinidad
política de los periodistas que trabajan en los medios públicos, o el grado de
catalanidad de otros profesionales trabajando en otros medios. En resumen, sólo
cabe esperar que en los futuros informes externos se encargue uno sobre la ética
en el uso del dinero público. Quizás salga a relucir por qué no hay suficientes
recursos para los 23.000 catalanes que esperan la ayuda de la ley de dependencia,
que costaría aproximadamente lo presupuestado para informes externos, o porque
crece el desinterés ciudadano a la hora de ir a las urnas. ¿Quién será el encargado
de hacer un informe, sobre los informes?
rvilaro@cambio16.info
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