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El 1 de mayo de 1981 un cocinero español que prestaba sus servicios en la parte
norteamericana de la Base Aérea de Torrejón fallecía afectado por los efectos
de una toxicidad entonces desconocida en España. Primero se afirmó que había sido
víctima de la Legionella, un agente que causó varias víctimas en una convención
de ex militares, legionarios, en los EEUU. Se llegó a hablar incluso de virus
y de extrañas bacterias, también de microcuerpos de naturaleza nuclear, que habían
escapado de unas cajas que los militares estadounidenses tenían en los hangares.
Cuando todo esto no daba más de sí, primero fueron a por las lechugas y los tomates,
luego las sardinas en lata de una prestigiosa y tradicional marca, posteriormente
las conservas de productos del cerdo, también de una acreditada enseña comercial.
De durar un poco más todo aquello hubiéramos acabado con el sistema español de
produccion alimentaria y con algo más. Con la confianza en nuestros propios recursos
y medios y con nuestra imagen exterior, entonces más débil que en la actualidad.
Los científicos, a través de un meticuloso y encomiable trabajo epidemiológico,
estableciron la relación entre un grupo de consumidores y un determinado aceite,
éste de colza, desnaturalizado para uso industrial con anilinas y anilidas y vuelvo
a naturalizar, trágicamente sin éxito. Murieron más de 600 personas, algunas fallecen
todavía hoy en día, y varias decenas de miles se vieron gravemente afectadas.
La codicia y la avaricia de muy pocos acabaron con la vida de muchos. Aquella
grave crisis sirvió para crear instrumentos de control alimentario y de protección
al consumidor. Pasados los años se registró una nueva crisis relacionada por el
aceite, ésta de efectos indudablemente menores, aunque también graves: orujo de
aceite de oliva. Y ahora, en nuestros días, otra vez el aceite, el de girasol,
que nos faltaba esa semilla. Desde el punto de vista de la actividad económica,
estas situaciones presentan una gravedad relevante ya que pueden acabar con empresas
y marcas que han acreditado su calidad durante decenas de años y gastan buenas
cantidades de dinero en conservarla. Además se quiebra la confianza en el sistema,
fundamental a la hora de tratar la alimentación, y se da oportunidad a personas
sin escrúpulos para copar espacios de mercado afectados por la confusión. En el
caso de la colza, en el del orujo de aceite de oliva y ahora con el girasol, es
obligada la toma de posición firme y contundente de la Adminsitración tanto en
cuanto a la difusión de una información responsable a los consumidores, en tiempo
y forma, como aclarando qué marcas son las afectadas y cuáles nó. Porque también
es responsabilidad del Gobierno proteger el libre ejercicio empresarial, cuando
éste se ajusta a la ley y respeta las normas de la comunidad. |
