 |
Me pide CAMBIO16 que escriba un artículo sobre mis años al frente de la CEOE,
sobre el diálogo social del que fui coprotagonista, y sobre los principales acontecimientos
que en el plano nacional han jalonado nuestra historia reciente. Condensar todo
eso en unos pocos folios me recuerda a aquel profesor que solicitó al alumno en
un examen oral: “Déme usted una ligera idea del Cosmos”. Porque para mí, estos
treinta largos años que discurren entre 1977 — cuando fui uno de los firmantes
del Acta Fundacional de CEOE y primer responsable de su Comisión Laboral— hasta
2007, año en el que dejé la Presidencia de la Confederación después de 23 años
de ejercerla, son como esa “ligera idea del Cosmos” que dejó exhausto al estudiante
de nuestra historia. Por eso, es forzoso que me limite aquí a unos breves apuntes,
casi telegráficos, que pueden servir no obstante y en un próximo futuro para un
trabajo más largo y detallado. Pero como dijo aquel escritor: “no me pidáis un
artículo breve. No tengo tiempo para hacerlo breve”. Efectivamente, la concreción
es el género más difícil. Lo voy a intentar en todo caso:
El punto de
partida
En 1977, el punto de partida para el diálogo social no podía ser
más desalentador: una sociedad en plena efervescencia, una izquierda emergente
con una fuerte tentación revanchista; unos sindicatos de clase que salían de la
clandestinidad y sin experiencia de funcionamiento en democracia; unas patronales
bisoñas e inermes frente a la ola de anticapitalismo que anegaba el momento político
y, sobre todo, una historia de las relaciones laborales en España que habían oscilado
entre el enfrentamiento violento de los tiempos de la Restauración y la República,
y el paternalismo y autoritarismo de los tiempos de la era de Franco, que planeaban
como ave de mal agüero sobre la España de los inicios de la Transición. El reto
era muy claro para los interlocutores sociales: pasar de unas relaciones laborales
propias de una dictadura, basadas en un equilibrio impuesto a ambas partes (los
obreros no podían hacer huelga, y a cambio los empresarios no podían despedir),
a unas relaciones laborales normales en un sistema democrático y liberal, y recalco
este segundo concepto porque entonces no se aceptaba, ni mucho menos, el sistema
de libre empresa ni la lógica del capitalismo, basada en el beneficio como motor
de la inversiones y de la creación de empleo. ¿Había algo más para acentuar los
peligros y temores que entrañaba el momento? Pues sí, añadamos tres cosas: una
pavorosa crisis económica internacional, la acción combinada de terrorismos de
extrema izquierda y extrema derecha, y el riesgo latente de un pronunciamiento
militar o golpe de Estado. Frente a todos estos nubarrones en el paisaje de la
época había, por supuesto, factores de esperanza que invitaban al optimismo: el
deseo de la inmensa mayoría de los españoles de vivir en democracia; una clase
política joven y animosa que, educada en el franquismo o en el antifranquismo,
sabía que nuestro destino natural era la Europa libre y próspera; y unos empresarios
ya entonces muy modernizados y dispuestos a iniciar la aventura de la globalización
que luego se ha puesto tan de moda. Esto también lo subrayo: la CEOE, que se funda
el 29 de junio de 1977 (ese mismo día yo cumplía 42 años), es la primera patronal
de la Historia de España con un ideario claramente liberal. Con anterioridad,
las organizaciones empresariales se habían constituido más para cerrar el mercado
que para abrirlo, más para defenderse de los productos foráneos que para competir
con ellos, más con espíritu proteccionista que librecambista. No despachemos con
dos generalidades la importancia de esta apuesta, porque está preñada de consecuencias.
La CEOE propugnó la liberalización política y económica, el desarme de nuestro
sistema arancelario, la privatización de nuestro ineficiente sector público, el
ingreso de España en el Mercado Común y, cómo no, la modernización de las relaciones
laborales. Pero, ¿cómo modernizar unas relaciones laborales procedentes del franquismo?
El
método de trabajo
Grosso modo, en el mundo capitalista hay dos modelos
de relaciones laborales: El anglosajón, que cultiva la relación individual de
trabajo y procura debilitar y (si es posible) suprimir a los sindicatos. Especialmente
vigente en Estados Unidos. Y el europeo, que reconoce a empresarios y sindicatos
una importante tarea de interlocución, a través de la negociación colectiva, así
como de influencia en el marco laboral y social. Este segundo modelo, anclado
en el acervo social europeo, fue el que asumió la CEOE de entonces, a pesar de
que las centrales sindicales hacían gala de un radicalismo que entorpecía la posibilidad
de llegar a acuerdos. En puridad, el primer socio de CEOE en aquello que se dio
en llamar “concertación social” fue la Unión General de Trabajadores. Comisiones
Obreras, muy vinculada entonces al Partido Comunista, rechazó este método de trabajo
hasta bien entrados los años 80, excepción hecha del Acuerdo Nacional de Empleo
(ANE), que sí firmó en junio de 1981 bajo la psicosis del Golpe de Estado de Tejero.
Así pues, CEOE y UGT firmaron entre 1979 y 1984 multitud de acuerdos globales
que cimentaron el marco laboral de la democracia, incluyendo el Estatuto de los
Trabajadores, la Ley de Acción Sindical, la reforma de la negociación colectiva,
etc, etc. Más tarde, ya en los noventa, a esta política se unió Comisiones Obreras.
Hasta aquel momento, la negociación colectiva era una doble fuente de conflictividad,
por un lado, y de inflación por el otro.
De conflictividad, porque el mero
inicio de las negociaciones para un nuevo convenio era suficiente razón para que
los sindicatos convocaran una huelga previa dirigida a presionar a la parte empresarial
y aunque no se hubieran roto las negociaciones (a veces ni siquiera habían comenzado).
Y de inflación, porque el método habitual para fijar la subida salarial era tener
en cuenta la inflación del año anterior y sumarle tres o cuatro puntos, para cubrir
a los asalariados de una mayor inflación al año siguiente. Ni que decir tiene
que este sistema alimentaba la espiral inflacionista en la economía española,
de suerte que cada año el crecimiento de los precios era mayor que el anterior
(por ejemplo, en 1979 los precios subieron un 30 por ciento). La nueva filosofía
del diálogo social en este campo consideraba la huelga como último recurso en
caso de ruptura de las negociaciones, y no instrumento previo de presión. Además,
se pasó a negociar sobre inflación prevista, más cláusula de revisión, en lugar
de hacerlo sobre inflación pasada. También, se decidió repartir el efecto de la
inflación importada por la subida del petróleo entre empresarios y trabajadores,
salomónicamente y a ojo de buen cubero. Todo esto surtió el efecto de reducir
extraordinariamente la inflación, que pasó del 30 al 5 por ciento en pocos años,
y las horas perdidas por huelga, que pasaron de 180 millones anuales a solamente
10 millones un poco después. Esto en materia de convenios colectivos. Pero también
era necesario reformar el marco laboral. Aquí se pasó primero de un despido imposible
a un despido muy caro (45 días por año hasta un máximo de 42 mensualidades), y
los sindicatos obtuvieron a cambio un Estatuto de los Trabajadores que causalizaba
muchísimo el despido, y lo sometía a la decisión de los tribunales de lo Social
en un contexto en el que era prácticamente imposible que fallasen en contra de
los trabajadores. En donde no se avanzó lo suficiente fue en la flexibilidad de
las formas de contratación, cuestión muy vinculada al coste del despido en el
contrato indefinido. Esto provocó, a la larga, la dualización del mercado de trabajo,
compuesto por un submercado de contratos indefinidos con costes de salida muy
caros, y otro submercado de contratos temporales con costes de extinción prácticamente
nulos. Casi no hace falta añadir que entre 1985 y 1997 creció extraordinariamente
el mercado temporal, que pasó de representar el 5 por ciento del total a significar
el 35 por ciento. Solamente a partir de 1998, con los Acuerdos para la Estabilidad
en el Empleo, y el subsiguiente abaratamiento del coste del despido que supusieron,
fue posible ir reduciendo la temporalidad en el mercado de trabajo.
Los
resultados
Explicados de manera muy sucinta los objetivos del diálogo social,
el punto de partida y el método seguido, cabe ahora preguntarse, con una perspectiva
de treinta años: ¿para qué sirvió todo eso?, ¿ha influido positivamente en el
devenir de la España moderna? En primer lugar, sirvió para desactivar eso que
algunos historiadores han llamado “la querella social”. Derivada de la lucha de
clases y de las tensiones entre empresarios y asalariados, y unida a la querella
regional y a la religiosa, la querella social se considera uno de los elementos
más negativos de la tormentosa historia de la España reciente, llena de violencia
y de intransigencia. El diálogo social, plasmado en todas las prácticas de concertación,
arrumbó, espero que definitivamente, los métodos violentos para dirimir los conflictos
sociales, enseñó a ambas partes las virtudes de la cesión mutua y puso los cimientos
de una economía donde el factor social quedaba despejado, con todo lo que eso
suponía a medio y largo plazo. Porque efectivamente, para las multinacionales
y la inversión extranjera, el diálogo social suponía hacer de España un país pacífico
y previsible, donde se podían invertir miles de millones sin temor a que un rosario
de huelgas o episodios violentos acabaran por malograr las inversiones. Los empresarios
agradecen mucho esa previsibilidad. Casi siempre prefieren, no la opción más barata,
sino la más previsible. Al fin y al cabo, cuando a ellos les suben los costes,
pueden responder subiendo los precios. A lo que no pueden responder es a la producción
paralizada por conflictos laborales, a incumplir los plazos de entrega pactados
en los pliegos de condiciones, al acoso sindical o a la violencia sufrida en su
propia persona. La concertación social suprimió todo eso y convirtió a España
en un país que fue durante bastantes años (aún no había caído el muro de Berlín,
y no habían ingresado en la carrera capitalista países como China, India o Brasil)
la niña mimada de la inversión extranjera. En segundo lugar, el diálogo social
permitió abordar desde la unidad de estrategia los grandes retos que se abrían
ante la España de los ochenta: el ingreso en el Mercado Común (hoy Unión Europea),
los imperativos de internacionalización de nuestras empresas, la revolución tecnológica,
el fenómeno inédito en nuestro país de una inmigración creciente, la plena realización
del Estado de las Autonomías, la adopción del euro y otros muchos desafíos. En
materia socioeconómica, la concertación dio estructura a las políticas que se
aplicaron, engrasó la paz social y el consenso general frente a las mismas, y
permitió que la sociedad española aceptara dolorosas reconversiones industriales,
o grandes operaciones de capitalismo popular, como la privatización de casi todo
nuestro mastodóntico sector público (cosa que en Francia todavía no se ha hecho).
Yendo más allá, ese mismo sector público que era tan ineficiente en términos empresariales,
una vez privatizado se convirtió en la punta de lanza de las nuevas multinacionales
españolas (otro fenómeno inédito en nuestra historia), y ahí están compañías como
Telefónica, Repsol o Endesa para atestiguarlo. Y por último, auque no lo menos
importante, el diálogo social permitió abordar un cambio de enfoque de las relaciones
laborales en España y las enriqueció con contenidos que hoy debemos apreciar más
de lo que habitualmente lo hacemos. Sirvan unos ejemplos: Desde 1991 hasta la
fecha, se han incorporado al mercado de trabajo cinco millones de mujeres más,
pasando de cuatro a nueve millones el número de ocupadas. Todo esto, recordemos,
antes de que entrase en vigor la Ley de Igualdad. También en los últimos años
se ha multiplicado por diez la tasa de formación de los ocupados españoles, mientras
que el índice de siniestralidad mortal se ha reducido a la mitad. El número de
ocupados, que se mantuvo estable en unos doce millones de personas durante mucho
tiempo, se ha disparado ahora por encima de los 20 millones, lo que está en la
base del superávit de la Seguridad Social y de la constitución del Fondo de Reserva.
En definitiva, la lucha por la igualdad de género, contra la siniestralidad, por
la formación del personal, por la transición no traumática de sectores en declive
a sectores en alza, por la atención a la dependencia y últimamente por la responsabilidad
social de las empresas, son frutos directos o indirectos del diálogo social.
|
