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La presencia de Juan Costa como coordinador del equipo electoral de Mariano Rajoy
ha comenzado a dejarse sentir en el Partido Popular. El que fuera uno de los más
estrechos colaboradores de Rodrigo Rato en las dos legislaturas de José María
Aznar, precisamente como secretario de Estado de Hacienda, ha perpetrado una propuesta
fiscal que, a juzgar por la reacción airada del PSOE y del Gobierno, ha cogido
al equipo de Zapatero a contrapié. Se trata de la imposición fiscal para los ingresos
y rentas más bajas que, al margen de su coste inmediato a las arcas del Estado,
ha servido al menos para abrir el melón de las ofertas electorales y centrar la
aún non nata campaña en lo que realmente interesa al ciudadano y votante, el bolsillo.
La propuesta del equipo del candidato popular Mariano Rajoy promete eliminar,
en el caso de que llegue a la Moncloa y dentro del contexto de una amplia reforma
fiscal, la obligación de declarar el IRPF a las rentas inferiores a 16.000 euros
anuales, elevando en casi un 80 por ciento el tope máximo de 9.000 euros que existe
en estos momentos. La medida liberará a siete millones de personas de pagar el
IRPF y va acompañada de una rebaja adicional de impuestos a las mujeres que trabajen
fuera del hogar. Para Juan Costa, impulsor dentro de los populares de la idea,
tal reducción “no tendrá coste a largo plazo” y “permitirá recaudar más y mejor”
siempre que se aplique dentro de un control riguroso del gasto público y sobre
la base de una política de estabilidad presupuestaria”. A efectos de tener un
mayor impacto en la campaña electoral, el PP ha aplazado hasta enero la discusión
en debate público de su propuesta, si bien, y dentro de las ideas fiscales en
boga en los países con problemas de exceso de presión impositiva, se trata de
una típica estrategia de actuación directa para aumentar la capacidad adquisitiva
del contribuyente y estimular su capacidad de gasto en momentos de contracción
del consumo privado, como el que se puede producir a fecha prevista en la economía
española después de casi un decenio de crecimiento económico sostenible. Aun así,
el PP estima que la puesta en marcha de la reforma fiscal no se produciría hasta
2010, entre otras razones como exigirá una larga y compleja instrumentación legislativa.
Además, tendrán que ser aprobadas, en el caso de que el PP ganase los comicios
generales del próximo año, por las comunidades autónomas, y negociadas previamente
en el marco de la financiación autonómica —las regiones recaudan el 30 por ciento
del IRPF—, y por el Parlamento. La supresión del IRPF para los mileuristas y la
rebaja de impuestos para las mujeres —el PP estima en 6,5 millones las que se
beneficiarán— se enmarcan dentro de una reforma general del IRPF que el PP presentará
de forma completa en enero. No piensan lo mismo, en cuanto a sus efectos, en el
Gobierno. El Ministerio de Economía estima que la propuesta anunciada por Mariano
Rajoy es “inasumible” para las arcas del Estado. “Si mantienen la estructura del
impuesto, el coste sería inasumible por el Estado porque serían en torno a 25.000
millones de euros”, indicaron fuentes del Ministerio de Economía. |
