Número.1878 - 26 nov. al 02 dic. 2007

 

Juan Carlos Arias
Violadores
De los crímenes que socialmente más repugnan destaca la violación y agresión sexual. Existe un viejo debate entre especialistas sobre si los reos de estos delitos son delincuentes natos, víctimas de una patología desconociéndose si precisan o no rehabilitación psíquica antes de reinsertarse en una sociedad que mira de reojo el grave problema que padecen las mujeres mayoritariamente a manos de estos sujetos. Un juicio en la Audiencia de Sevilla contra D. H. M. corona la tarta. El acusado trabajaba como enfermero en una clínica de Fremap. De los archivos confidenciales de dicha mutua obtuvo datos de decenas de chicas. Después allanaba casas y las violaba sin escrúpulo. A una víctima la sacó de la ducha, estupefacta; la penetró entre gritos y pataleos. En la vista Alfonso Blanco Picabía, reputado catedrático de Psiquiatría, dictamina, ojo a instancias de la defensa del imputado, que tras analizar al presunto delincuente resulta inimputable por ejecutar las agresiones “fuera de la realidad” creyéndose David Bisbal pues “las agredidas estaban encantadas de hacerlo”. El terapeuta mental hace su bolo, seguro que espléndidamente pagado. Desconocemos si obtuvo compatibilidad de su decano. Pero también este experto explica algo que cívicamente parece increíble, por no decir que execrable. La Audiencia sevillana, finalmente, desechó el dictamen del ‘experto’. Condenó al violador a 50 años de cárcel. El tema tiene espoleta. Hace meses se debatía si los violadores debían o no ser castrados químicamente. Algunos presos de varias cárceles europeas pidieron tan drástica medida por entender, ellos mismos, que no podían controlar sus impulsos sexuales y líbido tras abandonar el recinto penitenciario. Otro violador patológico, José Antonio Rodríguez Vega — apodado ‘mataviejas’—, disfrutaba haciéndolo con ancianas antes y después de asesinarlas. No las olvidaba, guardó prendas íntimas de sus víctimas. Nadie cuestionó su imputabilidad; fue condenado a casi 200 años de cárcel. Ningún experto defendió a este agresor confeso. ¿Fue por su poco dinero? ¿Por qué lo defendieron de oficio? Vemos, pues, que los violadores o sus defensas explican y hasta justifican sus actos de forma diferente. Parece monstruoso que el sagrado derecho a la defensa de cualquier acusado admita lo más peregrino. Pero el negocio es el negocio, y va viento en popa. Ahora que está en vanguardia la lucha contra la violencia de género llamémosle ‘doméstica’ se echan de menos voces feministas, de juristas o políticos para laminar el fenómeno de la agresión sexual a las mujeres. Para otras reivindicaciones subvencionadas están prestos los mismos y las mismas de siempre. Para defender a las violadas hay abogados, de pago, algunas amigas, familiares y poco más. Para los agresores, mucho bufete y experto que, previo minutazo, dictamina lo que sea menester: la interpretación empírica hace el resto. Esta sociedad aloja paradojas. Pensábamos que con límite. Muchas hipocresías no las entendemos algunos hombres y quizá muchas mujeres. Va por ellas, quienes sufrieron agresión inconsentida.

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