Las primeras alarmas sobre el deterioro de la situación económica se dispararon este verano, cuando un buen número de familias españolas se vieron obligadas a quedarse en casa en lugar de salir de vacaciones. El incremento constante del precio del dinero y la subida de las hipotecas supusieron un frenazo al consumo que anunciaba males mayores. Eran sólo los síntomas de la crisis, las orejas del lobo. A la vuelta de los meses estivales, con el inicio del curso, los tipos siguen subiendo y se ha disparado el precio de los productos básicos, los que integran la cesta de la compra. Ya sabemos que la economía es cíclica y que a épocas de bonanza suceden periodos de vacas flacas. Ahora nos toca sufrir, pero es preciso dimensionar antes que nada la situación para que no se nos vaya de las manos. Ni el precio del dinero ha tocado techo, ni se ha acabado la herencia económica de nadie, ni la crisis es irreversible, aunque sea traumática. Aquí, al tratarse de una cuestión de Estado, que afecta a todos los ciudadanos, como el terrorismo, es preciso alejar el fantasma de la confrontación partidista y de las promesas electorales. No se puede trivializar. Con las cosas de comer no se juega. Los datos admiten pocas interpretaciones: de unas condiciones de risa para obtener un préstamo bancario hemos pasado a cerrar el grifo y a unas cifras de paro que vuelven a superar el listón psicológico de los dos millones de desempleados, disminuyendo en la misma proporción el número de cotizantes a la Seguridad Social. Y la amenaza de recesión no ha hecho sino empezar por la burbuja más pomposa, la inmobiliaria. Mezclar esta realidad, la económica, y las negras perspectivas con la acción del Gobierno en cumplimiento de sus promesas electorales y de su programa, como facilitar el acceso a la vivienda, dignificar los alquileres o subir las pensiones mínimas es manipular a la opinión pública para conseguir réditos políticos. La política económica de los gobiernos es similar y sólo se distingue por el volumen de la partida presupuestaria para gastos sociales. En lo macroeconómico, en las grandes cifras, varía poco. De modo que ningún gobierno, sea del signo que sea, manda sus naves a luchar contra los elementos, y mucho menos en situaciones coyunturales de turbulencias económicas, fluctuaciones del mercado y volatilidad del dinero. Habrá que esperar que escampe y que las aguas vuelvan a su cauce, es decir, que se corrijan los desequilibrios. Mientras tanto, hay que tener cuidado con las decisiones que se adoptan a medio año de las elecciones. Es probable que Manuel Chaves sólo pretenda llevar el derecho constitucional a la vivienda hasta sus últimas consecuencias desarrollando una normativa autonómica, pero su promesa de facilitar vivienda a todos aquellos que ganen menos de 3.100 euros al mes es una auténtica bomba electoral. No se puede frivolizar en este asunto porque sería tanto como afirmar que en agosto ha subido el paro porque ha llovido.