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Un ingeniero, Miguel Ángel Gallardo, ha denunciado con abundante documentación
probatoria ante el Tribunal de Defensa de la Competencia a varios catedráticos
de la Universidad Politécnica de Madrid que realizan peritajes para la Sociedad
de Autores y los que dictaminaron en la reciente vista judicial del ‘caso Boliden’.
El rector de la Politécnica de Valencia aguantó el chaparrón que le cayó, hace
un par de años, cuando recibió a directivos de una empresa que invierte en I+D+i
indignados porque personal docente e investigador de dicha Universidad ofertaba,
a través de testaferros, al mercado una patente cuyo desarrollo convino la Politécnica
para ‘investigar’; no para comercializarla a la baja. Una doctora barcelonesa
en ciencias descubrió, tras años de sobrevivir con ‘becas’, que su catedrático
cobraba millones del Ministerio de Defensa por el trabajo de la experta, investigadores,
doctorandos y voluntariosos estudiantes que creían trabajar por el bien común
del desarrollo científico. Más al sur, en un Instituto de Criminología, un catedrático
engreído al que le encantan hoteles VIP y viajar en business ‘colocó’ a su esposa
como gerente, a pesar de no tener capacitación para el cargo. Además, firma dictámenes
para abogados de narcos y asesinos que le hacen ‘gratis’ subordinados y —siempre—
pide dineros europeos y autonómicos que se ‘pierde’ en viajes y proyectos de investigación
que sólo proyectan egos y remedian querellas entre universitarios mediocres. Otro
catedrático al frente de un Instituto en sede universitaria lleva lustros realizando
estudios y dictámenes ‘a la carta’. Cuando conviene, estampa el membrete de la
Universidad. Cuando no, vende al mejor postor el apaño mediante entramado de empresas
que, ¡oh, casualidad!, administran familiares, su pareja o ‘apadrinados’. La jubilación
no importa. Ya tiene creado otro Instituto de apariencia oficial. La pasta es
la pasta, dirá el tipo. Estos ejemplos valen, más la tradicional endogamia que
caracteriza las sagas docentes universitarias, representan lo que algunos entienden
como trasmitir conocimientos cultivando el intelecto. Tal excusa lo es, en realidad,
para hacer negocios, para el nepotismo, para el ladronismo (si se acepta tal expresión
centroamericana) sin recato. Los ‘profesores’ reseñados son minoría, pero abundan.
Hay un clamor entre ciertos sectores profesionales por la competencia desleal
que caracteriza a ciertos departamentos universitarios. Algunos convenios empresauniversidad
se basan en el negrerismo que reina en ciertas áreas universitarias. Las peleas
interdepartamentales hacen que muchas plazas salgan ‘al público’ con nombre y
apellidos. Algunos nos preguntamos si la Constitución llegó a las aulas o a las
cátedras universitarias. Con respecto a la Universidad privada, el tema que nos
ocupa no es cuestionable. Tal iniciativa permite toda clase de negocios, aunque
la pauta es cuidar la calidad y excelencia docente. Pero en la universidad que
se nutre de fondos públicos, de los impuestos del ciudadano no se puede, ni se
debe, tolerar más abusos. Lo peor es dilapidar ilusiones o atacar la libertad
sexual de cientos de jóvenes. De esos ‘negocios’ hablaremos otra semana.
andaluciaviva@activanet.es
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