Tanto el fallo que declara organizaciones terroristas a las asociaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi como la decisión adoptada en contra de la excarcelación del etarra Iñaki de Juana Chaos parecen opciones más políticas que judiciales, tomadas en un momento determinado, a raíz de que ETA destrozara su tregua con el atentado de Madrid que causó la muerte a dos inmigrantes ecuatorianos. Las presiones se perciben desde el mismo instante en que se da a conocer que no iban a ser tres jueces, sino el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional al completo, formado por 17 magistrados, el órgano encargado de dar vía libre o no a modificar la situación penitenciaria de este sanguinario, hospitalizado y en estado de suma gravedad por la huelga de hambre que mantiene desde hace más de ochenta días. La fiscalía había pedido prisión atenuada en su domicilio. Doce magistrados votaron en contra y cuatro a su favor, tres de ellos precisamente los que le condenaron a doce años y medio de prisión por delitos de amenazas terroristas contenidas en dos artículos de opinión publicados en ‘Gara’. Por mucho que nos duela, De Juana ya había cumplido con los 18 años que estuvo preso la pena de más de tres mil que le fue impuesta, en aplicación de un Código Penal originario del franquismo. Si por dos artículos de prensa recibió tan descomunal castigo es para pensar qué razones atañen a la justicia cuando estira la ley hasta que sirve a sus pretensiones. Por muy escandaloso que sea lo contenido en la letra impresa resulta muy desproporcionado. Si se está al tanto de los vaivenes políticos, los señores de la toga y el birrete pecan de clara dependencia. No se puede dejar pasar sin estremecerse las críticas razonadas que hacen los nacionalistas del PNV cuando desvelan que la derecha mantiene herramientas de presión y control en el ámbito de la justicia que están intentando forzar una situación política muy complicada y poniendo las cosas muy difíciles. El PP tiene mucho que ver con la politización de la justicia, imbuido en su idea de que ningún proceso de paz será posible, y menos si son ellos los que están en la oposición, por lo que van a continuar poniendo todo de su parte para que el acuerdo mediante el diálogo fracase de raíz. La justicia, como poder independiente, debe ser fortalecido. Lo que sucede, por el contrario, está plagado de oscuridades y sinsentidos. Introducir la política en los tribunales perjudica al Estado de Derecho, pero igualmente la credibilidad de la propia justicia, ya de por sí bastante escasa. El PP pudo construir otras leyes y desistió de hacerlo. Le agrade o no, el etarra ha cumplido por sus crímenes. Vale la pena traer a la memoria aquella sentencia del Tribunal Supremo en la que se decía que los GAL no eran una organización terrorista. ¿Eran acaso una sociedad benéfica? Al general de la Guardia Civil Rodríguez Galindo se le procesó por terrorismo. Cuando cumplió sólo tres de los 75 años de condena que se le impuso fue enviado a su casa porque padecía una leve arritmia. Todos los terrorismos son despreciables, porque todos nacen, viven y se alimentan en las cloacas.