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menos que las cosas se tuerzan, que todo puede ocurrir,
en esta historia que el pasado día 5 de septiembre cumplió
un año, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y la canciller alemana, Angela Merkel, habrán
rubricado esta semana, en la cumbre hispanogermana prevista
para el día 12, un acuerdo evidentemente no escrito
para desbrozar las trabas legales y normativas que la
empresa alemana E.ON está encontrado en su batalla con
la catalana Gas Natural para adquirir, mediante OPA,
la primera eléctrica española, Endesa. Desde ya hace
varias semanas, un equipo del Ministerio de Economía
y Hacienda, encabezado por el secretario de Estado de
Economia, David Vegara, y el jefe de la Abogacía del
Estado, se encuentra negociando una fórmula por la que
el Gobierno de Zapatero suavice las diecinueve condiciones
que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha impuesto
a la empresa alemana para llevar a buen puerto esta
operación. Tanto E.ON como el Gobierno alemán y la Comisión
Europea han calificado de “ilegales” las citadas condiciones,
que exigirían que la futura Endesa proceda a la venta
—lo que engordaría a sus competidores— de casi un tercio
de su capacidad de generación, incluida su potencia
nuclear y algunas de sus centrales de carbón. El nuevo
ministro de Industria, Joan Clos, ha reconocido tales
negociaciones, que curiosamente han sido desmentidas
por su antencesor, José Montilla, antes de hacer las
maletas de vuelta a Cataluña, donde encabezará la lista
de los socialistas catalanes a la Presidencia de la
Generalitat. Pese a este cruce de declaraciones aparentemente
contradictorias, nadie ha dudado de la existencia del
proceso negociador, prometido por Zapatero en conversaciones
con Merkel, pero que según distintas fuentes no termina
de satisfacer a los alemanes ni a su dura canciller.
Confiada en el éxito de la mediación política, la empresa
alemana ha recurrido el dictámen de la CNE, considerando
“inaceptables” diez de las 19 condiciones. El nuevo
ministro Clos, que ha heredado de Montilla la “patata
caliente” del monumental lío político e internacional
armado en torno a las dos OPAs de Endesa, debe responder
en plazo al recurso de E.ON, pero no está aún nada claro
cómo podrá cuadrar las exigencias alemanas con un informe
adverso a sus intereses, como el redactado por la CNE
y que tiene carácter vinculante para el Ejecutivo. Pero
no es ése el principal dilema del Gobierno de Zapatero.
La aceptación por la vía de los hechos de la OPA de
E.ON, que entrega a los intereses extranjeros una empresa
considerada “estratégica”, se va a producir, si “algo
no se tuerce”, en medio de una campaña electoral como
la de las autonómicas catalanas, donde Zapatero se juega
no sólo la Generalitat sino la estabilidad de su propio
Gobierno. En Cataluña muchos interpretan que el éxito
de la OPA de Gas Natural sobre Endesa, previa a la E.ON
y que había recibido todos los parabienes públicos de
Moncloa, era el precio a pagar por el apoyo del PSC
y, eventualmente de los centristas de CiU, que si consiguen
derrotar al PSC podrían convertirse en el eje del apoyo
a Zapatero. Difícil papeleta la del Gobierno Zapatero,
que ve como el frente del norte, con Batasuna esperando
su legalización, también se tambalea.
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