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La Comisión Europea recordó recientemente al Estado español
la obligación de liberalizar la autorización de oficinas de
farmacia. El ejecutivo lleva lustros dando largas, y escurriendo
el bulto, a un asunto que esconde muchos intereses y atesora
un negocio, al margen de la fiscalidad, que mueve miles de millones
de euros cada año. Muchos nos preguntamos, en la Europa del
siglo XXI, por qué cualquier trabajador tiene libertad de establecimiento,
circulación y ejercicio excepto los farmacéuticos. Los últimos,
si no disponen de millones de euros para ‘comprar’ una licencia
de farmacia, tiene papá, mamá o apellido ‘con farmacia’ están
condenados a esperar años y años sentencias judiciales si quieren
ejercer libremente su profesión tras superar una difícil licenciatura
universitaria. Sobre el papel, algunas autonomías españolas
optaron por regularizar la concesión de farmacias. Algunas,
como Navarra, fue valiente en sus planteamientos liberalizadores.
Otras, como Extremadura o Andalucía, entendieron que la licencia
de farmacias no debe ser un coto de sagas familiares que se
las traspasan y venden como si fueran patrimonios particulares.
Establecieron una baremación para solicitarlas que tiene trampa.
Tienen más puntos quienes trabajaron en oficinas de farmacia
o méritos académicos. La realidad informa que algunos tienen
ventaja. Llueve sobre privilegios medievales. Otra realidad
indica que explotar una farmacia puede ser un gran negocio en
determinados pueblos o zonas urbanas. La demagogia de la cúpula
colegial farmaceútica al reiterar que ‘tenemos el mejor sistema
mundial’ obvia que centenares de pequeñas poblaciones rurales,
barrios conflictivos, o zonas alejadas de cascos urbanos carecen
de farmacia porque no son ‘rentables’. ¿Hablamos de servicio
público o negocio privado? Se oculta deliberadamente que la
punta del iceberg del negocio son los fármacos que dispensa
la sanidad pública. Tales productos están controlados por médicos,
autoridades y fisco. El margen de beneficio cada vez es más
ínfimo. Ahí se aceptan lamentaciones del rancio ‘poder farmaceútico’.
Los medicamentos sin receta (OTC) y productos sanitarios, los
denominados ‘milagro’ y tantos otros se compran por toneladas
con generosas bonificaciones y se venden sin factura. En tales
productos está el verdadero quid de una cuestión que posibilita
traspasos de infarto en negocios que parecen no mover más que
cualquier ferretería, bar, sucursal bancaria… Valga un ejemplo:
en un pueblo de 5.000 habitantes donde conviven dos farmacias,
si una se vende puede costar más de tres millones de euros,
aunque oficialmente se contemplan unos pocos miles. En un barrio
de clase media en capital por debajo de los 200.000 habitantes,
una farmacia se mercadea por encima de los cinco millones de
euros. Por lo dicho, el negocio parece ir viento en popa. A
ello, debe sumarse que cada año se amontonan en el paro miles
de farmacéuticos recién licenciados, se extienden sagas familiares
que reparten oficinas en varios puntos o se oferta al alza por
aquello del blanqueo dinerario. Que de todo hay en la viña farmacéutica.
Hay que añadir que el negocio está en manos de unos pocos. Una
minoría que habita en las bambalinas del ramo y se aprovecha
del buen nombre del boticario.
andaluciaviva@activanet.es
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