Número.1804 - 03 julio 2006

 

Juan Carlos Arias
Querulantes
El número de pleitos, denuncias, querellas y demandas se ha multiplicado vertiginosamente durante la última década. Los profesionales del Derecho reclaman más medios, personal y nuevos juzgados en todas las jurisdicciones. Literalmente están desbordados. Parece que la población española se multiplicó o que unos pocos multiplicaron su litigiosidad. Lo primero es incierto. Pasamos del crecimiento cero a que los inmigrantes hagan crecer el censo. Tal y como está la vivienda, la inestabilidad laboral y los precios de todo hay que pensarse tener siquiera hijos. Acerca de la litigiosidad, en España hay más abogados que en varios países comunitarios. Otro dato es que los juzgados son un negocio rentable con riesgo mínimo para aseguradoras y entidades financieras. Pocos saben que entre togas se ubica la sucursal del negocio del dinero que pagamos entre todos para beneficio de muy pocos. Hay casos de personas conflictivas que cogieron gustillo a eso del pleito; proyectan en su letrado el juez, policía o fiscal que todos llevamos dentro. Hay ciudadanos que se creen abogados, les da morbo el Código Penal, escaso respeto las puñetas de jueces y fiscales o se despellejan con vecinos, ex parejas, jefes o empleados por tonterías que hacen felices sólo a los desgraciados. Estos personajes podían ser querulantes, viciosos del lío en estrados. Pero parecen casos muy aislados. La querulancia como negocio tiene variantes más sofisticadas. Decíamos que financieras y aseguradoras basan sus dividendos en algunas sentencias. La lucha contra el fraude que emprendieron ciertas empresas es singular. Frecuentemente vemos en prensa que la policía o guardia civil desmantela talleres ilegales, registra almacenes, decomisa ordenadores, requisa CD’s. Parecen operaciones que el ciudadano agradece, pero están surgiendo muchas interrogantes, complicidades y negocios en los que la Justicia podría ser la última en enterarse. Hay peritos que no son tan imparciales como se les supone. Si algún comerciante desaprensivo vende, por ejemplo, juegos de ordenador piratas sólo se le puede decomisar lo fraudulento, no desmantelar la tienda completa. Sabemos que la Sociedad de Autores (SGAE) es muy activa para defender a sus socios. Pero ello no le habilita para contratar detectives piratas que se cuelan en una boda sin ser invitados para acreditar derechos. La SGAE no está sola en la lucha contra el mal; le acompañan Egeda y Promusicae. También, marcas deportivas, multinacionales y un largo listado de empresas que hacen de oro a abogados y procuradores. Y hacen trabajar por una miseria a miles de funcionarios judiciales para sustentar un negocio que parece ir viento en popa. Los querulantes creíamos verlos en películas rancias como actores secundarios o en un rincón apartados de una sociedad dinámica que dice ir adelante con índices de crecimiento y vanguardias intelectuales. Dice un refrán gitano que vale más un mal arreglo que un buen pleito. En muchas empresas piensan de otra manera. Y molestan a muchos inocentes que tienen que pagar para consolidar su inocencia. Parece que es negocio denunciar y demandar indiscriminadamente. ¿Hasta cuándo los soportaremos?

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