| EMPRESAS
Y EMPRESARIOS |
| ALBERTO
VALVERDE |
| Intento
de marco eléctrico |
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El Gobierno, más
bien al departamento que dirige Rodrigo Rato, le han entrado
súbitamente las prisas con la regulación eléctrica.
Después de dar sucesivas y permanentes largas al sector
en sus demandas para negociar un “marco estable” que
elimine lo que se conoce en el mercado como la incertidumbre
regulatoria, la semana pasada el secretario de Economía,
Energía y Pymes, José Folgado, convocó
a la plana mayor de las empresas eléctricas y de Unesa
para dar “un empujón al intercambio de papeles”
que, desde hace meses, se ha producido entre ambas partes sobre
cómo arreglar una situación que nadie duda en
calificar de “complicada” para el futuro del sector
eléctrico.
A decir verdad, Folgado no hacía más que seguir
instrucciones de su ministro, Rodrigo Rato, que días
antes había prometido atender las demandas del sector
para negociar un nuevo marco regulatorio, después de
tener una charla aparte con Manuel Pizarro e Iñigo Oriol,
recién estrenados como presidentes de Endesa y Unesa,
respectivamente, en el curso de la inauguración de la
primera de las plantas de ciclo combinado que pone en marcha
la empresa eléctrica líder del país. En
primera persona, y con la habilidad que caracteriza a Pizarro
y la media contudencia de Oriol, Rato recibía un informe
preocupante sobre la evolución económico-financiera,
durante los últimos meses, del sector eléctrico,
así como las dudas que han surgido en el último
año sobre la necesidad de un nuevo ciclo inversor.
Algunas empresas, vino a decir Pizarro a su amigo y compañero
político en la sombra del PP, están atemorizadas
ante la eventualidad de tener que presentar unos resultados
semestrales más que desalentadores antes de que termine
el presente mes de julio. “Tal como está el mercado
no sabemos cómo pueden responder los analistas a unas
cifras que muestran un fuerte deterioro del tradicional equilibrio
financiero del sector. Ya no valen los gestos; hay que ir directamente
al grano...”, comentaban a Rato los dos presidentes.
Ni Pizarro ni Iñigo exageraban en sus comentarios privados
al vicepresidente segundo del Gobierno. Estudios pormenorizados
en poder de las empresas y de Unesa revelan que las empresas
han dejado de ingresar por lo menos 60.000 millones de pesetas
en el primer trimestre de este año como consecuencia
de la parquedaz gubernamental a la hora de aprobar las tarifas
para 2002. Ese “déficit tarifario”, como le
conocen en el sector, se sumaba a una reducción acumuladade
casi el 27 por ciento, en términos reales (casi el 40
por ciento en términos nominales) de las tarifas desde
que el Gobierno del Partido Popular llegó al poder en
1996. De seguir así, el sector no sólo verá
incrementada su deuda (pese a más de 100.000 milllones
de ahorro en los últimos años como consecuencia
de la reducción de los tipos de interés), sino
que, además, no podrá afrontar la necesaria ampliación
del parque eléctrico, a punto de quedarse pequeño
para atender las necesidades de una demanda que ha crecido en
el último quinquenio a unas tasas nunca conocidas en
el pasado.
En el momento de escribir estas líneas, los técnicos
ministeriales y los de las empresas seguían enzarzados
en disquisiciones más que distantes sobre la mejor manera
de afrontar una situación que el sector ha resumido,
en documentos internos, en cuatro puntos:
1) Identificación de los actuales problemas y su diagnóstico:
incertidumbre regulatoria, energías renovables y caída
del precio de la electricidad.
2) Planificación energética: qué sector
eléctrico se pretende y quiere y cómo será
en el horizonte del 2010. Análisis de las necesidades
de oferta que plantea el crecimiento de la demanda y cuantificación
y origen de la financiación del necesario esfuerzo inversor.
3) Medidas de política energética. Necesidad de
un marco regulatorio estable y previsible, con tarifas integrales,
tarifas de acceso, desarrollo reglamentario del transporte y
distribución, definición de la nueva regulación
de los sectores del gas y del carbón.
4) Diversificación y energía nuclear. Como pilar
de la nueva política energética, instrumentación
de las nuevas energías como diversificación energética.
Ni que decir tiene que, pese a que a la hora de escribir estas
líneas no se había producido más que una
declaración de principios de Pepe Folgado, relativa a
la necesidad de ajustar la política tarifaria de los
últimos años, el punto más delicado en
el inicio de las conversaciones pasaba por la cuantificación
del aumento de tarifas previsto para el año 2003. Coincidiendo
este año con el inicio de la total libertad (teórica,
eso sí) de competencia (es decir, hasta los clientes
domésticos y comerciales podrán elegir sobre el
papel el suministrador que deseen), Folgado ya limitaba el aumento
previsto para el próximo ejercicio y siguientes a una
cantidad inferior “entre un punto o menos” al incremento
del Indice de Precios al Consumo (IPC).
La limitación de los aumentos, sin tener en cuenta la
evolución de la economía ni los datos objetivos
del sector, dejaba sumidas a las empresas en un mar de dudas.
Aunque la promesa de aumento es “mejor que la situación
actual”, cuando se han acumulado sistemáticamente
descensos en términos incluso nominales de las tarifas,
altos representantes empresariales expresaban su pesimismo sobre
un rápido acuerdo que permita r solventar, de un plumazo,
todas sus consideraciones. Por ejemplo, la tarifa prevista,
con una limitación del precio de la energía generada
a seis pesetas por kw. en la subasta diaria, continuaba sin
garantizar la recuperación de los denominados Costes
de Transición a la Competencia (los famosos CTCs, equivalentes
a más de un billón de pesetas en estos momentos),
una partida decisiva para equilibrar el balance de las empresas
y acelerar la amortización de instalaciones que, con
las nuevas tecnologías, se van quedando obsoletas.
En el frente de la diversificación de la oferta y ante
la posibilidad de que se produzcan casos continuos de desabastecimiento
energético, como ocurrió en Cataluña y
Levante durante el verano pasado, las empresas insisten en separar
dos aspectos del problema aparentemente independientes. De un
lado, la capacidad del parque actual para garantizar la potencia
exigida y, de otra parte, los problemas de saturación
que presenta, en determinados momentos de aumento de demanda,
la red actual de transporte.
En el primer punto, las empresas consideran que, a corto plazo,
pueden producirse fenómenos aislados de desabastecimiento
(por ejemplo, en la hipótesis de un verano caluroso que
tire de la demanda de aire acondicionado), pero señalan
que la potencia instalada es suficiente, especialmente después
de la entrada en funcionamiento en los próximos meses
de cuatro instalaciones de ciclo combinado, de las que dos ya
están operando. En total son más de 1.600 megavatios,
equivalentes a casi dos grupos nucleares, que se servirían
por si solos para prever cualquier corte imprevisto (salvo una
catástrofe que desenganchase varios grupos nucleares
a la vez). Continúa siendo problemático el interrogante
de la saturación de una red que apenas ha recibido inversiones
en los últimos años, en parte por el lío
regulatorio.
Qué ocurre en Caja Madrid
Pongan el oído, y si tercia el ojo también, a
lo que parece que ocurre en Caja Madrid, esa entidad cuyas oficinas
siguen atiborradas de gente, a pesar de que el servicio sigue
dejando mucho que desear. Algo tendrán, digo yo...
Pues resulta que el consejo de la entidad madrileña de
ahorro, sin propietario identificado, aunque en manos de los
políticos de turno, anda dividido sobre si seguir el
ejemplo de Francisco González, el del atribulado BBVA,
y poner en marcha su propio código de gobierno. Parece
ser que la posibilidad de aprobar un manual de ética
para sus altos directivos no gusta. Y no gusta ni al presidente
de la entidad, Miguel Blesa, amigo personal de José María
Aznar, ni a otro amigo de Blesa, un tal Matías Amat Roca,
quien actúa ahora de secretario general, pese a que la
única especialidad que se le conoce, aparte de sus vinculaciones
familares e ideológicas, que son importantes, es la de
tropezar sistemáticamente con todos sus subordinados,
tanto ahora como en los puestos que previamente ha desempañado
(Warburg, Citibank, Inverban; menos en Harvard, donde no se
le conoce, al menos mis amigos).
En Caja Madrid, una entidad muy fluida y dispersa y con más
filtraciones que el Guadiana, se preguntan no sin razón
(de hecho, algunos han llegado a pedir consulta a unas brujas
amigas mías) qué es lo que puede esconder esta
tonta polémica y esta insistencia del tal Matías
en no abordar el código de conducta.
Al parecer, las meigas esas que digo han dado una respuesta
absurda: resulta que en el entorno de la entidad ha aparecido
una sociedad, con importantes socios, que con apenas 20 millones
de capital ha conseguido un crédito de 15.000 millones
de pesetas (de las de antes) para invertir en unos terrenos.
La sociedad, nada más conseguir el dinero, cambió
de manos por un precio de 200 millones; es decir el milagro
de la multiplicación de los panes y peces. Pues eso,
qué vaya lío en ciernes que se les viene encima...
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